CARTA EN DEFENSA DE LA PROFESION INMOBILIARIA,

Senador Marcelo Fuentes
Presidente de la Comisión
Bicameral para la Reforma
y Unificación del Código Civil
y Comercial de la Nación
S / D
                                                                    Ref. Ponencia sobre arts. 1345 a 1355

De nuestra mayor consideración:

La Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA),
representante de 20 Cámaras y Colegios de Corredores Inmobiliarios del país, tiene el
agrado de dirigirse a Ud. y por su intermedio a los miembros de la Comisión Bicameral para
la reforma y unificación del Código Civil y Comercial de la Nación, a fin de expresarles
nuestras observaciones sobre la posible interferencia que algunos artículos del Proyecto de
Reforma y Unificación del Código Civil y Comercial de la Nación podrían generar en la
actuación de los Colegios Profesionales de Corredores Inmobiliarios existentes en numerosas
provincias del país y en el carácter profesional de los Corredores Inmobiliarios de
acuerdo a la Leyes Nacionales N° 25.028 (exigencia de Título Universitario y matriculación),
y a las Leyes Provinciales de creación de los Colegios de Corredores Inmobiliarios.

Entendemos que el tratamiento que se hace de la figura del Corretaje, es un tratamiento
adecuado para la figura genérica, teniendo en cuenta que el contrato de corretaje nace
cuando una persona, denominada corredor, se obliga ante otra, a mediar en la negociación
y conclusión de uno o varios negocios, sin tener relación de dependencia o representación
con ninguna de las partes, según la propia definición dada en el ante-proyecto en su art.
1345, pero debemos comprender que el corretaje en los últimos tiempos a desarrollado
varias especialidades de gran impacto y especificidad y entre ellos el de mayor crecimiento
profesional fue el Corretaje Inmobiliario, que llevo a las provincias a crear, a través de leyes
provinciales, los Colegios Profesionales de Corredores Inmobiliarios. A modo de ejemplo, así
lo hicieron: Buenos Aires (Ley 7021); Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley 2340);
Chaco (Ley Prov. 5799/06); Córdoba (Ley Prov. 9445); Corrientes (Ley Prov. 1815); Entre
Ríos (Ley Prov. 9739); La Pampa (Ley Prov. 861); Mendoza (Ley Prov. 7372); Misiones
(Ley Prov. 152); San Juan (Ley Prov. 8217). Salta (Ley Prov. 7629); Santa Fe (Ley Prov.
13154); Santiago del Estero (Ley Prov. 5414); Tucumán (Ley Prov. 7455).

Esta especialización que actualmente requiere Título Universitario para su ejercicio (según
Ley 25.028), y genera el derecho de percibir HONORARIOS PROFESIONALES y no
comisiones, según las leyes provinciales que las regulan, no puede ser considerada como el
corretaje general sin especificar sus diferencias a riesgo de generar conflictos de interpretación
de normas con la consiguiente judicialización y retroceso en el proceso de profesionalización,
que ello traería aparejado.

Es dable comentar que la importancia de esta especialidad a sido reconocida por ambas
Cámaras Legislativas Nacionales al momento de sancionar la Ley n° 26.683, Ley de
Prevención del Lavado de Activos, que en su artículo 20, inciso 19 reconoce como sujetos
obligados a “Los agentes o corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades de
cualquier tipo que tengan por objeto el corretaje inmobiliario, integradas y/o administradas
exclusivamente por agentes o corredores inmobiliarios matriculados.”, es por
ello que resulta imprescindible que esta especificidad e importancia jurídica sea reconocida
en el proyecto de reforma y unificación del Código Civil y de Comercio que nos ocupa, a fin
de no generar la posibilidad de ejercicio ilegal de la profesión por corredores inmobiliarios NO
INSCRIPTOS o NO MATRICULADOS, que estaría posibilitando el Código y que tornaría
ineficiente y arbitraria la norma antes mencionada.

Es por lo antes expuesto que creemos necesario aclarar lo que se establece en el artículo n°
1346 del proyecto de Código Civil reformado y unificado, donde se habilita el ejercicio profesional
tanto al corredor inscripto como al no inscripto, sin aclarar que tipo de corretaje se trate
y tampoco si este estuviera regulado específicamente o colegiado. Si bien en el articulo n°
1355 se hace referencia a que este articulado no obsta la aplicación de las normas
especiales, creemos necesaria una mayor claridad de la norma a fin de evitar una regresión
en los avances normativos y una judicialización del ejercicio profesional, que el actual
proyecto trata de evitar.

Reiteramos que nos parece acertado el tratamiento de la figura genérica del corretaje, sin
embargo si no se realiza la distinción entre el corretaje en general y el específico relacionado
al inmueble, se pueden plantear discusiones que no están en el espíritu de este nuevo
Código.

Dichos conflictos enfrentarían la potestad reconocida a las provincias de regular las profesiones
 (C.N. – Art. 121 – Art. 5), con lo establecido en el proyecto de reforma en su art. 1346

inc. b, el que expresamente reza: “… si el corredor no está inscripto…”. La frase válida con
relación al corretaje en general, no lo es para el corretaje inmobiliario, ya que, como lo hemos
planteado, la existencia de un corredor inmobiliario “no inscripto” o “no matriculado”, tiraría
por tierra todo el esfuerzo y adelanto, de años, que tanto la doctrina, como la jurisprudencia,
han producido.

Por otra parte, la incorrecta interpretación de los artículos mencionados, produciría que el
nuevo Código entre en conflicto con el Código Penal, el que establece sanciones para todo
aquel que ejerza indebidamente una profesión (C.P. Art. 247). Si permitimos que los corredores
inmobiliarios “no inscriptos” puedan ejercer de alguna manera, estaríamos dando
rienda suelta al ejercicio ilegal, lo que contraria claramente a lo dispuesto por el Código Penal
Argentino.

El acto será entonces de corretaje inmobiliario, si lo desempeña el profesional titulado y
matriculado para ejercer la actividad, legalmente reglada en tutela del interés público
comprometido. Y quien ejerza tales actos sin hallarse titulado y matriculado, incurrirá en la
figura que tipifica el párrafo primero del arto 247 del Código Penal (mod. por ley 24.527). Es
lo que ocurre con la medicina o la abogacía, que sólo pueden ser ejercidas por un profesional
que cuente con título y habilitación.

Al tratar los fundamentos de la reforma, La Comisión integrada por los Doctores Ricardo Luis
Lorenzetti, como Presidente y Elena Highton de Nolasco y Aida Kemelmajer de Carlucci,
cumpliendo con los objetivos y plazos señalados por el decreto presidencial 191/2011,
planteo una serie de aspectos valorativos relevantes para señalar los motivos de la reforma,
entre ellos podemos mencionar: los derechos reconocidos en todo el bloque de constitucionalidad,
el reconocimiento de los derechos de incidencia colectiva, la actualización de los
Códigos a la realidad temporal, la promoción de la seguridad jurídica en las transacciones
mercantiles. Es en virtud de dichos aspectos valorativos, que entendemos que la observación
realizada en la presente exposición debe ser considerada al momento de elevar el
proyecto a categoría de ley.

También debemos manifestar la contradicción que con el ejercicio profesional del Corretaje
Inmobiliario antes mencionado, presenta lo expuesto en el artículo n° 1346, inciso b,
“Pueden actuar como corredores personas humanas o jurídicas”, ya que no existe
profesión colegiada alguna en nuestro país que pueda ser ejercida por una persona jurídica,
y esto precarizaría la responsabilidad profesional en perjuicio de la comunidad.

Por todo lo antes expuesto creemos necesario aclarar expresamente que el Corretaje
Inmobiliario se regirá por las normas que establezcan las respectivas leyes provinciales
y que necesitaran estar matriculados en el Colegio respectivo, en todas aquellas
provincias que así lo requieren. Años de trabajo, de desarrollo jurídico y de luchas
judiciales ha demandado que finalmente se haya profesionalizado el Corretaje Inmobiliario,
por lo que la ambigüedad o generalización de estos artículos, pueden llevarnos a disputas
judiciales crecientes y no deseadas. Creemos que en un entendible afán generalista no
pueden englobarse distintas especialidades del Corretaje con desarrollos y regulaciones tan
específicas sin aclarar expresamente esta complejidad y especialmente el Corretaje Inmobiliario
que es una profesión Colegiada y tratada específicamente en las nuevas normativas
nacionales como en la mencionada ley de lavado de activos.

Si se deseara mantener una redacción genérica en el Código, sería necesario aclarar que en
cada una de las especializaciones del Corretaje reconocidas por normativas Nacionales
o Provinciales, que requieran a los corredores de su inscripción o matriculación
en Colegios creados a tal fin, estará prohibido el ejercicio de esa especialidad del
corretaje sin estar debidamente inscripto o matriculado de acuerdo a las normativas
correspondientes.

El presente es un aporte a fin de lograr una mejor interpretación de la nueva normativa que
evite un aprovechamiento tendencioso de la misma por aquellos que no desean la jerarquización
profesional que se viene observando en el Corretaje Inmobiliario, con las consiguientes
mejoras en la prestación de servicio y en la seguridad jurídica de los actos de corretaje
inmobiliario de nuestros profesionales y buscan resquicios para el ejercicio informal e ilegal
de nuestra profesión, entendemos el esfuerzo de los juristas para modernizar nuestra
legislación de base y es por ello que creemos indispensable atender a nuestra solicitud a fin
de adecuar este punto de la normativa a los nuevos avances registrados.

Desde ya ponemos a nuestra Federación a vuestra disposición para cualquier aclaración o
ampliación de lo aquí expuesto y aprovechamos para saludarlo con especial deferencia.

Raúl Sironi
Secretario
                                                                                Roberto Arevalo
                                                                                       Presidente






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